El pasado 30 de junio el poder ejecutivo
sancionó el decreto 427/21[1].
Mediante el mismo el Estado anuncia que se hará cargo temporariamente de las
tareas, hasta ahora realizadas por el consorcio EMEPA-Jean de Nun, de dragado,
balizamiento y cobro de peaje en el río Paraná/Plata. Tarea que permite la
utilización de la vía navegable para la exportación e importación de la amplia mayoría
del valor de nuestro intercambio con el exterior. Lo que además en las
condiciones de transnacionalización y desintegración de nuestra estructura
económica, es una parte indispensable de la economía estatal y privada.
