Finalmente pasó el esperado 7 de diciembre. Y no pudo
concretarse el contra ataque kirchenrista. Una instancia judicial resolvió casi
administrativamente que la desinversión del grupo Clarín debía esperar hasta
tanto de resolviera el tema principal de la causa que es la constitucionalidad del
artículo 161 impugnado por el grupo. Pero, la resolución judicial deja claro
algo que debe ser parte central de cualquier análisis: que el freno corre solo
para Clarín y solo para ese artículo, no para el resto de los grupos (que no
impugnaron) ni para el resto del articulado. Por lo tanto si el gobierno
quisiera podría avanzar con la desconcentración del resto y en la articulación
de medidas que permitieran la existencia del tan esperado 33% del espectro para
los medios populares no empresariales. Tampoco deja entrever que el pedido de
Clarín vaya a ser resuelto positivamente, por el contrario todo pareciera
indicar que finalmente en los próximos meses la justicia fallará a favor de la
constitucionalidad de la ley.
La pregunta del millón es ¿Por qué el gobierno apostó
tanto a realizar un hecho político en esa fecha siendo que su concreción pendía
de un hilo? Y otra pregunta posible es ¿fue la reaccionaria y pro monopólica
corporación judicial la culpable de este fracaso de la democracia? Tal como
explica el kircherismo.
Primero, podemos constatar que el núcleo K tiene una
forma de hacer política: el discurso, la propaganda, el golpe de efecto
mediático respaldado desde el gobierno (quizás una vuelta de tuerca de la consigna
de la presidenta cuando aún era senadora: “mucha política, poca economía”). Tal
es así que durante este año hemos vivido duelos mediáticos permanentes. Y desde
el último cacerolazo de “8N”, con el posterior paro general del “20N” (dos
movilizaciones de diferente signo pero que exceden las palabras), el gobierno
potenció su estilo de cara el “7D” una fecha que se instaló con un enorme peso
simbólico (mucho mayor de su real significado) polarizando posiciones,
intentando borrar de la agenda todo tipo de reclamos que no pusieran el eje en
la defensa o desarticulación de “la corpo”.
La realidad mostró que no todo es discurso por más que
le pese a los ideólogos del kircherismo, que el discurso no constituye la
realidad sino que en todo caso la representa tergiversadamente. Y que el poder existe
y se sustenta en las relaciones de propiedad de la sociedad capitalista y a
través de éstas, en la organización de las clases fundamentales. El gobierno
pretendió generar un escenario en el que la movilización popular estuviera solo
presente como decoración de una política decidida e implementada desde el
núcleo K. Por una razón que es explícita desde la última reasunción de
Cristina, la movilización popular debe ser contenida porque estamos en tiempos
de ajuste fino. No otra cosa significa la política de fragmentación y
desatención a las organizaciones sindicales y la formación de Unidos y Organizados
que alejo a la base militante K de toda presencia independiente en las calles.
Sin embargo cualquier política popular debe ser
centralmente antimonopólica y tendiente a acotar el juego de mercado en la
resolución de la asignación de recursos. Por ello la Ley de Medios tal como fue
escrita, con todas sus posibles críticas, era un avance ya que acotaba al
mercado a un 33% de las frecuencias disponibles, dejando para uso público y
comunitario el 66% restante. También es cierto que, si bien el gobierno lucha
contra algunos monopolios mientras favorece a otros tanto o peor de nocivos para
el futuro del país, como se señala
constantemente desde la oposición, en el área medios de comunicación Clarín era
el principal monopolio y desarticularlo es una medida digna de simpatía. A
muchos la polarización los ciega.
Como bien señala Martín Becerra “una nueva correlación de fuerzas empresariales
toma forma en detrimento del protagonismo ejercido hasta ahora por Clarín. (…)
que no tiene, necesariamente, a la Ley Audiovisual como referencia aunque la
invoca con insistencia. El Programa Fútbol para Todos, (…) la televisión digital terrestre (TDT), la
promoción de contenidos gestionada por el Incaa y la inyección de recursos
estatales para estimular el crecimiento de grupos empresariales como
Vila-Manzano o Indalo (Cristóbal López) merecen consignarse como políticas
activas que en algunos casos contravienen y en otros corren en paralelo a lo
dispuesto por el texto legal vigente”. El nuevo escenario empresarial en los
medios y la influencia del Estado es lo novedoso ya que el gobierno dejo, desde
la asunción de Martín Sabatela, bien en claro hasta donde llegaría con la aplicación
de la ley: los medios comunitarios serán letra muerta, y los grupos podrán
adecuarse mediantes artilugios. Pero será el fin de la omnipotencia de Clarín.
Habrá más actores en el mercado, más equilibrados y mayor regulación estatal.
El otro punto de la batalla discursiva del gobierno es cargar
las culpas de este fracaso publicitario sobre la corporación judicial. Como una
parte más de su épica batalla contra las “corporaciones”: mediática, sindical
y, ahora judicial, donde anidan “caranchos procesistas” que hacen “industria
del juicio” laboral, o previsional y que defienden a capa y espada a Clarín.
Sin embargo no debemos olvidar dos cosas. Una que vivimos en una república no
en una democracia en sentido estricto. Y la idea que los filósofos asignan a la
división de poderes es justamente la moderación, y el poder judicial es precisamente
el baluarte de ella. Por eso, los grandes cambios solo se hacen aboliendo una
república y fundando una nueva (en el caso más moderado, con una profunda
reforma constitucional). Y dos, hace tres décadas que terminó la dictadura y,
sin negar la existencia de jueces de
derecha (bueno, en la sociedad existe la derecha), la actual corte suprema no
parece heredera del proceso, sino mas bien estar acorde con los tiempos que
corren (dentro de una república burguesa como la que vivimos).
Es de destacar que el gobierno habla de corporaciones y no de
monopolios, y que remarca permanentemente que todo lo bueno que hizo el
peronismo y el actual gobierno salió desde arriba, sin otra participación
popular que el aplauso y el agradecimiento. Más allá de la sutil tergiversación
burguesa de los conceptos y la historia, creemos que no existe política popular
sin participación popular organizada. Y esta participación está relacionada en
forma directa con el sentido de clase o nacional de los cambios que se
promueven. Por eso el gobierno fue derrotado en ésta instancia como correlato
de su anterior derrota en la lucha contra las patronales agrarias, aunque allí Néstor
jugó con más audacia la carta de la movilización de las organizaciones
partidarias. Hoy pareciera que, justamente desde los que se adjudican ser el
“campo nacional y popular”, todo se resuelve en los pliegues del poder, con la
presencia mediática, en la negociación y en los equilibrios judiciales y
parlamentarios. Un camino que es la muestra de la ideología y de los límites
políticos del Kichnerismo, nuestra tarea es romperlos.
Guillermo Martín Caviasca
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